Domingo, 22 Abril 2018
Participación política de las mujeres
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Escrito por Ramon Santana   
Miércoles, 28 de Marzo de 2018 12:16
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Por Ramón Santana

Según análisis de Isabel Minaya, Secretaria de la Mujer del Frente Amplio.

En América Latina se han desplegados esfuerzos para viabilizar la participación política de las mujeres desde la esfera privada y comunitaria, desmitificar la falta de interés político de las mujeres descubrir las bases de exclusión en que descansa el sistema político institucional e identificar los principales obstáculos que afrontan las mujeres para participar en las esferas del poder político.

 

 

La práctica de la política en las mujeres se ha enfocado como una prolongación de la esfera de lo privado, de su rol reproductivo, ya que sus luchas y reivindicaciones más comunes son sus demandas de escuelas, centros de salud, alto costo de la vida…y claro no pueden quedarse las grandes jornadas contra la corrupción y la impunidad.

El primer ensayo simbólico para concretar el derecho del voto de las mujeres en el país, fue realizado en 1934, acontecimiento que dio fruto y para 1942; ya el voto de la mujer en la República Dominicana se constituía en un hecho.

Según cifras de varios historiadores y avaladas por el Archivo General de la Nación, unas 96 mil mujeres ejercieron la prerrogativa para elegir a sus autoridades.

La República Dominicana condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas  y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes.

Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni de distinciones hereditarias.

El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación,   la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión.

Así mismo, debe promover y garantizar la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.

La convención sobre los derechos políticos de la mujer fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 640 del 20 de diciembre de 1952 y entró en vigor el 7 de julio de 1954.

El preámbulo de la Convención reitera los principios establecidos en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que declara que toda persona tiene derecho a participara en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos y también que tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.

En un estudio del INTEC, sobre “Las Desigualdades entre hombres y mujeres en todos los ciclos de la vida”, señala que el género femenino recibe solo el 83.8% del salario que reciben los hombres y que en el sector informal desarrollado especialmente en zonas turísticas, llegan al 65.2% siendo este sector el que absorbe el 53% de la mano de obra femenina.

El desempleo ampliado ronda el 14%, sin embargo, en los hombres es de un 9% y en las mujeres de 23% las mujeres ganan 21% menos de salarios que en los hombres a pesar de estar haciendo lo mismo.

Las mujeres son el 64% de la matrícula universitaria, sin embargo la tasa de participación económica es de 49.1% y la masculina de 75.9%.

Las mujeres representan el 54.4% del total de las personas inscritas para ejercer su derecho al voto, más de 21 mil por encima de los votantes hombres.

De los 6,337 integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos y movimientos municipales reconocidos por la Junta Central Electoral, el 83.99% son hombres.

Pero cómo resolver esta marcada diferencia entre mujeres y hombres en la política en la República Dominicana?

Incluir cuotas a todas las candidaturas.

Elevar el porcentaje de mujeres electas, dejándoles escaños reservados.

Incentivar la participación de la mujer en otros ámbitos decisivos de poder mediante cuotas de representación en los órganos de decisión de los partidos políticos y en las principales instituciones del Estado.

 

 

 

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